(La Segunda) Tras una extensa tramitación ambiental, el proyecto minero “Delfín”, ligado al economista Hernán Büchi, al empresario Claudio Segura y al desarrollador turístico Víctor Petermann, se reactivó en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA).

El proyecto espera producir 1.200 toneladas al día de mineral mediante el método subterráneo de explotación con arranque por subniveles, conocidos en el mundo minero como “sublevel stoping”, equivalentes a una producción de 12 mil toneladas de sulfato de cobre al año. De acuerdo a los datos entregados por la compañía a la autoridad, la inversión proyectada asciende a US$17 millones.

Pero el trámite no ha sido fácil. La iniciativa ingresó al sistema el 19 de febrero de 2013, bajo el nombre “Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado”, y durante casi 7 años ha sorteado una serie de obstáculos que han impedido su concreción, entre ellos el rechazo al proyecto en el Gobierno Regional de Antofagasta el 22 de febrero de 2016 y la decisión del Comité de Ministros de la Presidenta Bachelet que lo obligó a someterse a un proceso de consulta indígena que fue culminado por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) el 27 de noviembre de 2017.

Dos meses antes de que culminara ese procedimiento, la comunidad de Peine, distante a 7 kilómetros del proyecto ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama, decidió restarse y luchar directamente contra el proyecto. Argumentan “mala fe” y una serie de impactos negativos vinculados al desarrollo del proyecto.

Delfín vuelve a la carga

Un año después de la determinación del comité presidido por el ex ministro del Medio Ambiente, Marcelo Mena, Delfín volvió a la carga con el fin de obtener su esquivo permiso ambiental. El 11 de noviembre pasado, el proyecto envió a la autoridad el último estado de avance detallando sus compensaciones, mitigaciones y reparaciones socio-ambientales.

En su último informe, Claudio Segura, socio y gerente general del proyecto descarta efectos patrimoniales producto de las tronaduras en San Pedro de Atacama y presenta estudios antropológicos, los cuales han sido cuestionados por la comunidad de Peine, la Seremi de Desarrollo Social y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi). Entre los cuestionamientos de las entidades, expresados el 12 de diciembre último ante el SEIA, que las mediciones de la empresa son insuficientes y carecen de validez.

“Creemos que el proyecto tendrá impactos en la forma de vida de la comunidad. Estamos preocupados por las tronaduras y por el uso del Camino del Inca que es una ruta de pastoreo. El levantamiento de información que ha desarrollado la minera ha sido insuficiente y esperamos que se rechace nuevamente”, comenta Sergio Cubillos Verasay, presidente de la comunidad de Peine, con una población de 400 habitantes.

Contactada la Minera Delfín, no fue posible obtener su versión. Sin embargo, en su informe de diciembre, Segura sostiene que “los habitantes de Peine no realizan actividades de pastoreo y su actividad ganadera se orienta, en la actualidad, a la cría de ovejas y otros animales pequeños, y al no existir rutas de pastoreo que atraviesen los caminos de acceso al Proyecto, no puede existir alteración alguna sobre dichas actividades”.

A pesar de las observaciones, Delfín tiene la chance de entregar un nuevo informe (Adenda), con plazo máximo el 13 de marzo próximo. Si subsana las inquietudes de la comunidad, podría ser votado otra vez por el Gobierno Regional de Antofagasta y obtener su licencia ambiental.

Factor indígena

Desde 2009, Chile es parte del Convenio 169 de la OIT, que obliga a incluir la mirada indígena en los proyectos de inversión. Es decir, si un pueblo originario se encuentra en el área de influencia de una iniciativa, el diálogo es obligatorio.

“Por esta razón los inversionistas deben entender que este diálogo va más allá que un traspaso de recursos. Debe existir una conversación consensuada y que muchas veces lo que busca la empresa no es lo mismo que quiere la comunidad”, reflexiona el académico de la facultad de derecho de la Universidad de Chile, Ezio Costa. Agrega que los inversionistas que no entiendan esta lógica sufrirán el retraso en la tramitación de sus inversiones.

El ex fiscal del Ministerio del Medio Ambiente durante el último gobierno de la Presidenta Bachelet, Jorge Andrés Cash sostiene que mientras Chile continúe adherido al Convenio 169, quienes emplacen proyectos en territorios con potencial presencia de comunidades indígenas, enfrentarán “una verdadera lotería en la suerte que corran en el SEIA”.

“Primero, porque no saben si efectivamente el catastro de la Conadi considera todas las comunidades indígenas con presencia en el territorio. Para el Convenio 169 el catastro es un dato más y la ausencia de una comunidad en éste no restringe en absoluto su legitimación para recurrir a la justicia. Segundo, porque la buena fe no existe en esta materia. Se ha construido un mercadeo en torno a la consulta indígena, que impide que cualquier acercamiento previo o en el marco del SEIA de garantías suficientes”, explica Cash. Propone que Chile salga del convenio y aplique diálogos específicos con las comunidades, como lo han hecho Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Para salirse del pacto hay una ventana que surge a fines de 2021.

La minera Delfín es una sociedad anónima cerrada. Según información del Diario Oficial y del Conservador de Bienes Raíces, está conformada por las sociedades Conformadora de Metales, ligada a Petermann, quien también es el creador de la reserva Huilo Huilo; Inversiones Buena Esperanza, de Claudio Segura, e Inversiones La Haya, esta última ligada al ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi.

La sociedad fue constituida el 4 de junio del año 1997.

Según fuentes que históricamente asesoraron al proyecto, Büchi no cuenta con un rol activo en el desarrollo de la iniciativa, pero su nombre figura en los anexos societarios enviados por la empresa Delfín al Comité de Ministros.