(Pulso) Un total de 11.000 millones de reales (unos US$2.920 millones) han sido bloqueados desde el viernes de las cuentas de la gigante Vale, empresa propietaria de la represa minera que colapsó dejando al menos 37 muertos y más de 250 desaparecidos, según el último balance de este domingo.

La justicia determinó la noche del sábado el bloqueo de otros 5.000 millones de reales (US$1.326 millones) para garantizar recursos y reparar los daños causados a las víctimas de la tragedia de Brumadinho, localidad del estado de Minas Gerais (sudeste).

A ellos se suman otras dos decisiones adoptadas por los tribunales desde que ocurrió el desastre.

En la primera de ellas, promovida por el Gobierno de Minas Gerais, la justicia de este estado paralizó 1.000 millones de reales (unos 265 millones de dólares) con el fin de resarcir a las víctimas, mientras que el sábado, a pedido del Ministerio Público, fueron bloqueados otros 5.000 millones de reales por daños ambientales.

Además de los cerca de US$3.000 millones bloqueados hasta el momento, la compañía ha recibido dos multas: una del Instituto Brasileño de Medio Ambiente de 250 millones de reales (US$67,5 millones) y otra del Gobierno de Minas Gerais de 99 millones de reales (US$26,7 millones).

La agencia Standard & Poors (S&P) ha anunciado que colocó a la empresa en observación y podría rebajar la nota de crédito en varios grados debido a que las obligaciones financieras que la compañía deberá asumir.

Los mercados también han reaccionado a la tragedia y el pasado viernes, cuando ocurrió el desastre, la bolsa de Sao Paulo no operaba por ser festivo en la capital paulista, pero los papeles de la compañía registraron una fuerte caída del 8% en la plaza estadounidense.

Privatizada por el Gobierno brasileño en 1997, Vale es una de las grandes empresas de Brasil y una de las principales mineras del mundo con operaciones en más de 30 países.

Además de ser la mayor exportadora mundial de hierro, es una destacada productora de níquel y otros minerales como potasio y cobre y es considerada una compañía estratégica por el Gobierno de Brasil, que controla una parte sustancial de las acciones con derecho de voto.

La compañía ya se vio implicada hace tres años por otro catástrofe similar ocurrida en una de las minas de su subsidiaria Samarco en el estado de Minas Gerais, en la que murieron 19 personas tras la rotura de un dique.