Expertos coincidieron en la importancia de que los sectores de hidrocarburos, minería e infraestructura, entre otros, unan sus esfuerzos para impedir que intereses particulares o de minorías primen sobre los derechos de todos los ciudadanos.

Arturo Quizhpe, miembro del movimiento para la salud de los Pueblos del Ecuador, calificó como un hecho histórico la consulta popular sobre el futuro de la minería en Quimsacocha.

Empresas de Canadá y Australia están interesadas en la concesión de trabajos mineros ubicados en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Azuay.

A finales de los años 80, fortalecieron su capacidad de gestión para impulsar la inversión extranjera en el sector y fueron parte del equipo a cargo de elaborar la nueva Ley de Minería.

Avance de Llurimagua fue confirmado por el ministro Prokurica. También criticó retrasos en fundición de Chuqui.

Manifestaron su respaldo a la decisión judicial que suspende la Consulta Popular para la minería en el cantón Girón, emitida el 13 de marzo pasado por el juez Vicente Ribadeneira.

Para 2019, se prevé el archivo de alrededor de 239 derechos mineros que no cumplen con los parámetros establecidos, de acuerdo a la ley.

Resolución determina que, entre otros aspectos, los recursos se invertirán en proyectos de protección o remediación ambiental, y fortalecimiento del Sistema de Educación Superior.

Santiago Yépez dijo que ha sido una respuesta positiva de la justicia que suspende la realización de la Consulta Popular y remite el expediente a la Corte Constitucional para que esa entidad se pronuncie.