Las áreas fueron investigadas mediante levantamiento de información en campo y análisis en laboratorio, realizado por grupos especializados de trabajo en los ámbitos de la geología, geoquímica y ocurrencias minerales.
Esto se suma a otra acción policial en el que se detuvo a 22 personas y se incautó 31 toneladas de material rocoso, US$5.000 en efectivo y herramientas que se emplean en la minería, el 17 de enero pasado.
En 2018 la Agencia de Regulación y Control Minero decomisó 14.927 bultos de material mineralizado y realizó 156 operativos para combatir la minería ilegal.
La Contraloría de ese país impulsó una investigación en contra de las iniciativas mineras que buscan instalarse en el territorio andino, incluido Llurimagua.
Borrador de esa institución advierte que habría faltas como la ausencia del detalle del plan de inversiones, así como explicitar el modelo de negocios detrás de la iniciativa.
El proyecto minero Llurimagua tiene una superficie de 4 839 hectáreas y está ubicado en las parroquias García Moreno y Peñaherrera del cantón Cotacachi, Imbabura.
Se analizarán tópicos como la gestión de residuos y agua, la estabilidad de represas y control de filtraciones; la construcción, operación y cierre de relaves, junto con el análisis de su impacto ambiental.
El anuncio de una consulta en tres parroquias del cantón Girón se conoció esta semana, sin embargo, por parte del Consejo Nacional Electoral aún no se ha emitido un pronunciamiento oficial.
El juez Carlos Dávila determinó la legalidad de un proyecto, que había sido impugnado por los indígenas amazónicos al considerar que este no contó con la “consulta previa” para proyectos en territorios ancestrales, como establece la Constitución.
